Con la presentación de los alegatos de clausura por parte de la fiscalía y de la defensa del imputado Mauricio Huaiquilao, se desarrolló hoy audiencia de juicio oral contra los dos comuneros mapuche procesados por ley antiterrorista.
Los alegatos concluyen mañana con la intervención de la defensa de Luis Tralcal, a partir de las 09:00 horas, y luego de ello el tribunal dará a conocer el veredicto.
Por José Luis Vargas y Elías Paillan / http://www.observatorio.cl/
Esta mañana comenzaron los alegatos de clausura del juicio que se sigue contra los comuneros mapuche Mauricio Hauiquilao y Luis Tralcal, por delitos imputados bajo la ley antiterrorista. La primera de las exposiciones correspondió al fiscal Alberto Chiffelle, quien centró su intervención en que las municiones encontradas en la casa de Luis Tralcal corresponden a “armas automáticas listas para ser usadas, pero sin autorización de la Dirección Nacional de Movilización Nacional, ni de ninguna otra autoridad, para tener o portar cualquier tipo de arma, municiones, partes o piezas de explosivos”, puntualizó.
Chiffelle además sostuvo que en los hechos que involucran a Mauricio Huaiquilao, en lo que se refiere al delito de amenazas contra funcionarios de la CONADI durante una reunión realizada en el año 2008, en el Sector Lleupeco-Tres Cerros, en la comuna de Padre las Casas y Vilcún, constituirían actos terroristas, y por este solo hecho la fiscalía solicita que se dicte sentencia condenatoria contra ambos comuneros.
Defensa de los imputados
Posteriormente correspondió el turno al abogado Nelson Miranda, defensor de Mauricio Huaiquilao, quien aseguró que no se han entregado durante el juicio pruebas suficientes para inculpar a los comuneros, lo que constituye una situación grave, pues en el caso de las amenazas contra funcionarios de CONADI registradas en una grabación utilizada como medio de prueba para inculpar a Tralcal y Huaiquilao, “no se aportan datos específicos. Incluso uno de los mismos funcionarios, luego de declarar en el juicio, no reconoció la existencia de tales amenazas”, sostuvo el profesional, agregando que “incluso informes periciales, referidos a la correspondencia entre el audio y la voz de Mauricio Huaiquilao, tienen una validez relativa, pues no se obtuvo una identificación positiva entre ambos”, aseguró.
Miranda además indicó que con respecto a los dos hechos de incendio terrorista en los que se acusa a su defendido, Mauricio Huaiquilao, “no existe un testigo presencial que indique el hecho”, argumentando a su vez que “está ampliamente demostrado que no existe delito en el caso de las amenazas y en el resto de las imputaciones no se prueba la veracidad”, aclaró.
En esta misma línea, Sebastián Saavedra Cea, abogado defensor de Luis Tralcal Quidel e integrante del Centro de Investigación y Defensa Sur, señaló que respecto a su defendido, acusado del delito de amenaza y tenencia ilegal de munición, que “en cuanto al delito de amenaza, jamás se logró acreditar que el amenazado haya estado presente en el acto, ni que haya tomado conocimiento de este hecho, lo que ocurre solamente hasta que la propia fiscalía dio a conocer el audio donde quedó registrada la supuesta amenaza”, explicó.
Por otra parte, en sobre el cargo de tenencia, Saavedra denunció que existe una desprolijidad absoluta del Ministerio Público, ya que “el allanamiento ocurrido en enero de 2009, donde se encontraron las municiones de mi defendido no tiene concordancia con lo expresado por los testigos y peritos durante el juicio, pues ellos señalaron que fue en agosto, eso es evidentemente una incongruencia entre lo que se acusa y lo que supuestamente sucedió. Consideramos que el tribunal no tiene competencia para fallar respecto de un hecho que no ha sido señalado en la acusación, por tanto solicitaremos la absolución”, concluyó.
Los alegatos de clausura de Saavedra no alcanzaron a ser revisados en la audiencia de hoy, por lo que su intervención está prevista para mañana, a partir de las 09:00 horas, cuando se reanude la audiencia y posteriormente, tras alegar todos los intervinientes, el tribunal entregue su veredicto.
Los hechos
El primer hecho por el cual se acusa a Mauricio Huaiquilao, ocurrió la madrugada del día 11 de febrero de 2005, correspondiente a un incendio al predio agrícola y siembra de trigo de propiedad de Genaro Verdello Budinich, ubicado en el Sector Llancamil, comuna de Lautaro, además de incendio a una máquina cosechadora propiedad de René Wittwer Jeldres.
El segundo hecho que afecta al mismo imputado, se refiere a lo acontecido al día 16 de agosto de 2008, que afectó a Eduardo Luchsinger y su esposa, donde de acuerdo a la fiscalía tras encañonar, amedrentar e insultar a las víctimas, los obligaron a salir de la propiedad en que se encontraban, procediendo los sujetos a iniciar fuego al interior de la casa y en dos vehículos que se encontraban estacionados en el patio, un automóvil, galpones, maquinarias agrícolas, además de disparar contra el cuidador, César Vejar.
El tercer hecho, respecto de ambos imputados, se refiere a lo acontecido el día 24 de octubre de 2008, en horas de la tarde, donde éstos habrían irrumpido en una reunión que se celebraba en el Sector Lleupeco-Tres Cerros, en la comuna de Padre las Casas y Vilcún, dirigiéndose de manera agresiva al funcionario público representante de la entidad pública CONADI, Daniel Neculpán Lincuante. Según el auto de apertura de juicio, los imputados habrían comenzado a imponerle exigencias al funcionario y profirieron expresiones que anunciaban males en contra de Jorge Luchsinger Villiger, su familia y sus propiedades. A partir de este hecho, se asocian otras diversas acusaciones, que van desde situaciones ocurridas el 16 de abril de 2002, que incluyen el ataque del Bus Turbus en el By Pass Temuco el 28 de julio de 2009, hasta hechos ocurridos el día 11 de octubre de ese año.
Finalmente, el cuarto hecho, imputado únicamente a Luis Tralcal, ocurrió la tarde del día 05 de enero del 2009, cuando carabineros allanó su casa habitación ubicada en el Sector Yeupeco, Sector Tres Cerros, comuna de Padre Las Casas, donde logró incautar especies consistentes a una caja con 5.65 metros de mecha industrial detonadora de explosivo, diez cartuchos calibre 5.56 milímetros y 35 cartuchos calibre 9 milímetros, todos sin señal de percusión y en perfecto estado de conservación. Siendo el argumento de la fiscalía para las imputaciones de terrorismo, de estos elementos no utilizados, es que no cuenta con autorización de la Dirección Nacional de Movilización Nacional, ni de ninguna otra autoridad, para tener o portar cualquier tipo de arma, municiones, partes o piezas de explosivos.
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