El director del organismo, Juan Pablo Orrego, calificó como "una grave situación" y "poco novedosa", las supuestas presiones del Ejecutivo a los servicios públicos para facilitar el camino al proyecto de represa Hidroaysén.
Dichas acciones fueron denunciadas ayer miércoles a la Comisión Investigadora de Resoluciones de Coremas sobre Proyectos Energéticos de la Cámara Baja.
Orrego afirmó que el ministro de Energía, Marcelo Tokman, "está abusando de su poder", ya que "como persona, ministro puede pensar lo que quiera, sin embargo, como secretario de Estado debe pensar en el bien común del país y este proyecto aún ni siquiera ha aprobado el estudio de impacto ambiental".
En este sentido, el ecologista acusó al personero público de presentar próximamente al Congreso "un proyecto de ley que nosotros denominamos la coima legal", el cual según el dirigente, "pagará compensaciones económicas por cada megawatts instalado a los municipios que resulten afectados por Hidroaysén".
Según el activista, esto le significaría un ingreso económico, basado en cálculos efectuados por Comité de Defensa de la Patagonia, de "50 millones de pesos mensuales" a las arcas fiscales de las ciudades de Coyhaique y Aysén.
Con esta medida, se "silencia a la oposición al proyecto energético y deja a la empresa como benefactora frente a la ciudadanía", añadiendo que "este pago puede ser deducido de impuestos, y por ende, no le costaría un sólo peso" a la empresa eléctrica.
Asimismo, aseguró que este tipo de hechos "no son nuevos dentro de los gobiernos de la Concertación", ya que explicó que en Chile "no existe una política de Estado en materia energética y se deja que el mercado regule la oferta", por ello "se compra y se invierte en energía como si se tratase de calcetines o papas". http://noticias.123.cl/entel123/html/Tele13/Noticias/Chile/393349.html#
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